Las consecuencias que podrían generar el abuso de recursos es del 80 por ciento del territorio michoacano son la disminución de la flora y fauna esencial en los ciclos de materia y energía de los ecosistemas, la proliferación de especies oportunistas, una pérdida progresiva de la fertilidad –lo cual induce a los agricultores a incrementar el uso de fertilizantes que podrían derivar en la inutilización total del suelo para cultivo–; entre las consecuencias socioeconómicas destaca al aumento de los costos de mantenimiento y alimentación del ganado por falta de pastos, la disminución del rendimiento agrícola y, por ende, el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades debido al empobrecimiento de sus comunidades.
Para enfrentar esta situación los gobiernos federal y estatales establecieron el programa de ANP, “un instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad”, de acuerdo con la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas
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